«Orpis podría pasar entre 5 y 10 años en la cárcel si se acreditan los delitos»

Abogado querellante cree que si se acreditan dos de los tres delitos que le imputan, el parlamentario debe cumplir cárcel efectiva.

Luego de la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de decretar prisión preventiva para el desaforado senador por la región de Tarapaca, Jaime Orpis, el panorama para el parlamentario no es muy auspiciador, ya que de acreditarse los delitos por los que fue formalizado,  cohecho, fraude al fisco con las asignaciones parlamentarias y delitos tributarios en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca.

Orpis deberá permanecer mientras dure la investigación en el anexo penitenciario Capitán Yáber y fue su abogado quien ingresó sus artículos personales.

El director regional Metropolitano de Gendarmería , coronel Eduardo Muñoz, manifestó que Orpis hizo ingreso a las 16 horas y se le realizaron los exámenes médicos correspondientes. El desaforado senador podrá recibir visitas los domingos, martes y jueves.

Matías Rodríguez, abogado querellante en el caso, perteneciente a la oficina del diputado comunista Hugo Gutiérrez, comenta que “si se acreditan los delitos que se le imputan,la pena que arriesga parte de los 5 años y un día de presidio, incluso si se prueban dos de los tres delitos, debería cumplir una pena efectiva de cárcel. Aún así nosotros solicitaremos la pena máxima de 10 años y un día como mínimo”.

A Orpis se le imputan 75 casos de cohecho reiterado, con lo que habría recaudado 250 millones y 5 casos de fraude al fisco. “Incluso la Fiscalía investiga otros 4 delitos por fraude al fisco, que habrían ocurrido después que se detapara este caso, donde se vincula a colaboradores cercanos de Orpis, como su secretaria Glenda Hus, su jefa de gabinete, Viviana Quiroz y el actual consejero regional Felipe Rojas”, comentó.

Para el abogado, que la Corte de Apelaciones de Santiago cambiara el criterio y determinara que sí es un peligro para la seguridad de la sociedad, es una señal clara. “Él fue funcionario público desde la década de los 90 y le impuso la medida más gravosa que considera la legislación, entre otros por el cargo que ostentaba”.