Para el 21 de septiembre quedó fijada la audiencia de preparación de juicio oral. La fiscal Virginia Aravena acusó también al consejero regional Luis Plaza por el delito de perjurio.
Penas de 5 años de presidio por el delito de uso malicioso de instrumento público falso y 540 días por el delito de perjurio, está solicitando la Fiscalía de Alto Hospicio para el acusado Luis Plaza Rocco, a quien se le atribuye haber usado un documento falso ideológicamente para acreditar su enseñanza media al momento de inscribirse en el Servicio Electoral como candidato para el cargo de consejero regional.
Hay que recordar que en el momento que se hizo pública esta noticia, el actual consejero negó que la acusación fuera verídica y atribuyó todo a una especie de persecución política.
De acuerdo a lo investigado por la fiscal Virginia Aravena, en abril del año 2013, el acusado se presentó en la seremía de Educación con la finalidad de obtener un certificado de educación media, lo que le fue negado, ya que no figuraba en los registros como licenciado de enseñanza media.
Luego, en agosto de ese año, y una vez que se adulteraron los libros del liceo Juan Pablo II de Alto Hospicio, el acusado volvió a la seremía a solicitar el certificado, que esta vez sí se le entregó, después que el liceo remitiera a la secretaría ministerial los documentos que acreditaban que había cursado tercero y cuarto medio en dicho establecimiento el año 2000.
Según la acusación fiscal, con ese documento que acreditaba su licencia de educación media –y que el acusado tenía plena claridad que era ideológicamente falso, puesto que nunca aprobó la enseñanza media en ese colegio y no existe registro alguno que acredite que lo haya cursado en otro lugar-, Luis Plaza concurrió hasta el Servel de Tarapacá, donde inscribió su candidatura a las elecciones a consejero regional año 2013. En dicha presentación, y como un requisito esencial para inscribirse era haber cursado la enseñanza media, el acusado acompañó el documento de la seremía de Educación y una declaración jurada señalando que cumplía con todos los requisitos para el cargo que postulaba, en conocimiento de que no era así, siendo posteriormente elegido como consejero regional.
A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen los delitos de uso malicioso de instrumento público falso y perjurio.
El juzgado de Garantía fijó para el 21 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral en este caso, donde es querellante el Consejo de Defensa del Estado.
Corresponsales 
Diana Leyton Valdivia 